La reciente acción ejecutiva del Presidente Obama podría abrir el camino hacia la permanencia legal para varios millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Esta situación ha puesto en alerta a las autoridades que anticipan una oleada de estafas contra las personas que buscan consejo legal. No sólo podrán los inmigrantes perder miles de dólares por tales estafas, sino que también pueden ponerse en mayor riesgo de deportación gracias a ellas.
Daniel Sharp comenta que a su despacho llegan todo el tiempo inmigrantes a contarle cómo resultaron engañados por personas que se hacían pasar por abogados de inmigración o consultores licenciados.
“Es prácticamente el delito perfecto”, indica Sharp, quien es director legal del Centro de Recursos Centroamericanos en Los Ángeles.
“Cuando un individuo cae víctima, con el tiempo se da cuenta de lo que ha pasado, y pueden haber pasado meses y hasta años después del momento inicial en el que le pagó al supuesto abogado por el servicio legal”, explica Sharp.
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“Y el porcentaje de personas que en realidad se presentan a quejarse es mínimo comparado con el número de personas que cae víctima del fraude”.
Es por esta razón que Sharp intenta difundir la información sobre estas estafas a las personas ansiosas de solicitar la protección contra la deportación bajo la acción ejecutiva de Obama con presentar talleres en la sede del Central American Resource Center en Los Ángeles.
En una noche reciente, unas 150 personas se amontonaron en una de las salas de reunión del Centro. La presentación incluye detalles sobre los cambios que habrá bajo la acción ejecutiva que podrían permitir que algunos inmigrantes indocumentados, incluyendo aquellos que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses, permanezcan legalmente en los Estados Unidos.
Director legal del Central American Resource Center Daniel Sharp dirige un taller cuyo fin es informar a los inmigrantes sobre la reciente acción ejecutiva del Presidente Obama. (Steven Cuevas/KQED)
También se advierte cautela para evitar a los abogados y consultores legales depredadores que pueden cobrar altas sumas de dinero por servicios que no requieren los inmigrantes y que podrían incluso perjudicarlos.
Pero para muchos inmigrantes, las advertencias llegan muy tarde.
Una señora de El Salvador, cuyo nombre es María, residente de la ciudad de Bell, explica que ella y su esposo perdieron más de $5.000 en ahorros a una organización sin fines de lucro en Los Ángeles llamada Coalición Latinoamericana Internacional. María pidió que no reveláramos su apellido por su estatus legal.
Con panfletos a todo brillo y propagandas llamativas en español en los periódicos, la coalición alega ser defensora acérrima de los derechos del inmigrante y proveedora muy hábil de servicios legales. María dice que el director de la coalición, Oswaldo Cabrera, prometió ayudar a su esposo, Dore, quien es residente permanente legal, hacerse ciudadano de los EE.UU., y después ayudar a conseguirle a ella estatus legal.
“Comenzamos a darle dinero y dinero y dinero”, explica María, quien indica que tuvo por semanas a la pareja con promesas falsas, una pesadilla de trámites confusos y audiencias de inmigración.
“Yo comencé a desconfiar”, explica María.
“Pero (Cabrera) nos amenazó, diciendo que no había que jugar con él porque él es abogado. Y que si no jugábamos según sus reglas, haría que nos deporten”.
María dice que cuando intentó hacer que le devolviera el dinero a la pareja, Cabrera se negó. A comienzos de este mes, María y su esposo entablaron una demanda contra él.
La Coalición Latinoamericana Internacional opera en una suite de pequeñas oficinas en un rascacielos de Los Ángeles.
Cuando me aparezco yo sin aviso una tarde, hay un puñado de personas sentadas sobre sofás raídos en la recepción.
Un anuncio de la Coalición Latinoamericana Internacional, una organización sin fines de lucro de consultoría legal que también alega ser defensora de los derechos del inmigrante. La Coalición se encuentra enfrentada con varias demandas y quejas de consumidor de parte de varios clientes. (Coalición Latinoamericana Internacional))
Cabrera interrumpe una reunión que sostiene con un par de clientes y me invita entrar a su oficina. Alega tener una especie de licencia internacional que le permite ofrecer consejo legal.
“Sí, de la profesión legal”, dice Cabrera.
Cuando se le pide mostrar tal licencia, no puede.
También alega ser director de una organización sin fines de lucro en regla con el estado de California. Esto no lo corrobora la Oficina de la Secretaría del Estado de California. Recientemente la Secretaría le revocó la licencia de organización sin fines de lucro a Cabrera. Cuando le presento a Cabrera una página del sitio web de la Secretaría que indica su suspensión, alega que la información es errónea.
“No, no”, dice Cabrera.
“Esto se detuvo, ya no existe”, explica.
Tampoco aparece en el sitio web el nombre de Cabrera ni de su organización en una búsqueda de consultores de inmigración afianzados por la Secretaría del Estado.
Una llamada de seguimiento a un representante de la Secretaría del Estado confirma que Cabrera no cuenta con licencia legal para operar como consultor legal remunerado ni como abogado para inmigrantes. En cuanto a la demanda contra Cabrera entablada por sus ex clientes María y su esposo, Cabrera dice que no la ha visto y no podía comentar.
Otra demanda entablada el año pasado por otro ex cliente presenta, entre otras cosas, que Cabrera abandonó al señor len a víspera de una audiencia de deportación — prometiéndole sin cumplir los servicios de un abogado.
“No es cierto, no es cierto, porque el tipo está viviendo en este país”, dice Cabrera. “No es deportación, nunca. Esta información está equivocada”.
Según el abogado del demandante, el juicio está activo y pendiente.
Además de las demandas contra él, Cabrera tiene en su contra varias quejas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor del condado de Los Ángeles. No queda claro si esta dependencia tomará alguna acción contra él.
El director del Departamento, Brian Stiger, dice que la oficina misma envía advertencias de fraude a los servicios de inmigración mediante conferencias de prensa, talleres y otras medidas de extensión al público.
“Si lo propuesto parece demasiado bueno como para ser cierto, lo probable es que sea fraude”, asevera Stiger, quien indica que hay muchos estafadores que harán promesas imposibles referentes al remedio de la deportación que ofrece Obama, cuando en realidad el proceso de solicitud no comienza sino dentro de unos meses más. Los consultores legales delictivos también pueden hacer cobros exhorbitantes por trámites que los inmigrantes pueden hacer por su cuenta.
“No hay manera de adelantarse en la cola, ni tampoco hay garantía que se apruebe una solicitud”, explica Stiger. “Y muchas veces estos consultores de temas migratorios, de hecho los que son fraudulentos, cobran más que lo que cuesta presentar la solicitud”.
La Oficina del Fiscal de la ciudad de Los Ángeles también ofrecerá una serie de asambleas públicas en varios idiomas a realizarse en las próximas semanas, en las que los inmigrantes tendrán acceso sin costo a ayuda de abogados y consultores licenciados para llenar los formularios.
Abogado de inmigración de Los Ángeles, Clemente Franco, explica que los defraudadores han operado durante años y que sus operaciones son bastante sofisticadas.
“Hay algunas organizaciones que cuentan con 10 o 15 sucursales”, comenta Franco.
“Dicen que son activistas en defensa de los derechos del inmigrante, lo cual les da un aire de credibilidad, cuando en un sentido lo que son en realidad son lobos dentro de la comunidad”.
Lobos que en realidad se valen del hecho que con frecuencia sus víctimas temen presentar una queja por motivo de su estatus legal.
Pero María, inmigrante de El Salvador, dice que tenía que poner la mano al fuego.
“Para que otros no caigan en el mismo problema”, explica. “Y que la gente haga un poquito más de investigación, para no caer en la misma trampa”.
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