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Quizás no exista ninguna otra política migratoria del presidente Donald Trump que haya provocado emociones tan fuertes como la de separar familias migrantes en la frontera.

Esta es tan sólo una de las medidas migratorias de Trump que el presidente electo Joe Biden se ha comprometido a deshacer durante los primeros 100 días de su mandato. En el último debate presidencial que se llevó a cabo en octubre, Biden hizo claro su desdén por esta política, la cual ordena que agentes de la patrulla fronteriza separen a niños de sus padres con el propósito de expeditar el proceso criminal en contra de los padres y desalentar a posibles futuros migrantes.

"Sus hijos fueron arrebatados de ellos a fuerza y luego separados. Y ahora no pueden encontrar a más de 500 de esos padres", dijo Biden durante el debate. "Y ahora esos niños están solos. Con ningún lugar a donde ir…es algo criminal".

Biden se refería a los padres de los 545 niños que fueron separados de sus familias en el 2017, los cuales abogados y defensores de migrantes aún no han logrado ubicar.

En realidad, se cree que el número total de familias que no han sido reunidas es mucho más grande que eso, incluso hay familias que siguen separadas después de tres años.

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, casi 5 mil 500 niños han sido separados de sus familiares debido a las políticas de este gobierno. Y pese a que más de 3 mil padres ya han sido localizados, aún quedan muchos niños que permanecen en el limbo.

Biden ya ha dicho que en el primer día de su mandato, él creará un equipo especial encargado de reunir a las familias separadas durante el mandato de Trump. Sin embargo, resolver el asunto de separaciones familiares no será un proceso sencillo y todavía se desconoce cuánto hará la nueva administración para resolver los impactos a largo plazo que han dejado estas separaciones en los padres e hijos afectados.

Miles de niños separados

En junio del 2018, un equipo de abogados de la Unión estadounidense por las libertades civiles (o ACLU por sus siglas en inglés) y otro representando al gobierno federal se presentaron ante el juez federal Dana Sabraw en San Diego en lo sería una batall a para terminar las separaciones familiares en la frontera entre México y Estados Unidos, la cual tardaría meses.

Sabraw ordenó que el gobierno federal terminará todas las separaciones y exigió que agentes federales reunieran todos los niños con sus padres lo más pronto posible (el magistrado impuso una fecha límite de 14 días para los menores de 5 años y de 30 días para niños más grandes).

El gobierno logró identificar a 2 mil 814 niños separados de sus familias. Estos casos se conocen como "la generación original" en la demanda colectiva de "Sra. L v. Servicio de Control de Inmigración y Aduanas" (la dependencia acusada en el caso también se conoce por sus siglas en inglés, ICE). Para algunos casos, los agentes tardaron meses en encontrar a los padres, pero casi todas las familias han sido reunidas.

A principios de 2019 la Oficina del inspector general para el Departamento de salud y servicios humanos, la agencia en cargo del cuidado de niños migrantes no acompañados, publicó un reporte el cual señala que las separaciones en la frontera comenzaron mucho más antes de lo que previamente se conocía, tan pronto como junio de 2017.

Siguiendo las órdenes del juez Sabraw, funcionarios federales investigaron por meses y encontraron que había alrededor de otros mil 556 niños que fueron separados. Sabraw entonces incluyó este grupo adicional entre los padres involucrados en el caso.

"De la misma manera que otros padres de esta generación, ellos también fueron separados de sus hijos", escribió Sabraw en su decisión. "No fueron reunidos con sus hijos a pesar que el gobierno no encontró evidencia de que fueron padres ineptos o presentaban una amenaza a sus hijos".

Estas familias constituyen la mayoría de las cuales aún siguen separadas hoy. Es bastante difícil ubicar a estos padres, ya que gran parte de ellos ya han sido deportados o ya ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió la separación.

Los padres que no pueden ser encontrados

Entre los mil 556 niños que todavía siguen sin sus padres, defensores de los demandantes de este caso han logrado contactar a los padres de 485 niños, según un reporte presentado a la corte el octubre pasado. Pero aún desconocen el último paradero de los padres de los 545 niños mencionados por Biden, e incluso 100 más aparte, informa la ACLU.

Lee Gelernt, abogado de la ACLU y quien es el defensor principal de los padres representados en el caso, dice que la búsqueda por las padres ha sufrido retrasos debido a que muchas veces el gobierno dio información de contacto obsoleta y otras no proporcionó nada.

"Ni podíamos iniciar la búsqueda a través del teléfono para contactar a estas familias", dijo Gelernt.

Sin información de contacto a la mano, el comité de abogados y defensores en cargo de la búsqueda tenía pocas opciones. Intentan buscar a los padres por Internet o analizando registros del país de origen. Y cuando todo falla, reclutan a una red de abogados de derechos humanos y organizaciones sin fines de lucro en Honduras, Guatemala, El Salvador y México, la cual lleva a cabo búsquedas hogar por hogar. La pandemia del covid-19 ha complicado aún más este esfuerzo.

Pese a los obstáculos, Biden dice que su equipo especial está comprometido a darle prioridad a las reunificaciones de los niños que siguen separados de sus familias. Pero la administración entrante aún no aclara los detalles de cómo se llevará a cabo esto.

¿Qué más se puede hacer?

Aparte de que el gobierno de Biden asigne recursos adicionales para la búsqueda, hay otros cambios en la política migratoria que podrían ayudar, dijo Gelernt.

Su primera sugerencia es que el gobierno debe de permitir que los padres afectados puedan regresar a los Estados Unidos, y que se les otorgue el tiempo para que puedan ser reunificados con sus hijos, sin temer ser deportados.

"Creo que mucha gente no sabe que aparte de las familias que aún no hemos podido localizar, hay bastantes otras que todavía están separadas. Sabemos dónde están, pero el gobierno de Trump no permitirá que las familias regresen a los Estados Unidos para que puedan estar de nuevo con su hijo", dijo Gelernt.

Segundo, otorgar un tipo de estatus legal a estas familias para que se puedan quedar en los Estados Unidos ayudaría a resolver un poco del daño provocado por las separaciones forzadas, agregó el abogado.

"Han tenido que pasar por mucho", dijo Gelernt, "y creo que lo que menos podemos hacer es darles un estatus legal."

Además, Gelernt recomienda que el Gobernador que el gobierno forme un fondo para ayudar a familias acceder a cuidado de salud física y mental.

En febrero, la organización Médicos en favor de los derechos humanos ("Physicians for Human Rights") publicó un estudio

En febrero, la organización sin fines de lucro 'Physicians for Human Rights' publicó un estudio sobre los padres que fueron separados de sus hijos por el gobierno federal. Hallaron que estos padres experimentaron con gran frecuencia "síntomas y comportamientos que son consistentes con tener trauma" y que la mayoría de las personas en este estudio cumplían las condiciones para "al menos una condición de salud mental", como trastorno de estrés postraumático (TEPT) o una depresión mayor.

Otra investigación reciente, de la entrevista médica 'Pediatrics', considera el manejo de la situación de los niños en la frontera por parte del gobierno congruente a lo que se puede considerar "tortura".

"Yo considero que las jaulas y el tener que dormir en el piso luego de haber sido separados de sus padres como un tipo de dolor o sufrimiento extremo, de la misma manera si alguien fuera golpeado con una cachiporra", dijo Coleen Kivlahan, una de las investigadores y médica familiar en UCSF y líder de la iniciativa a favor de la salud y derechos humanos de esa institución.

El mes pasado, funcionarios de la Casa Blanca prohibieron que el Departamento de Justicia formara un acuerdo para proveer cuidado de salud mental a las familias separadas.

Y finalmente, Gelernt le recomienda al gobierno entrante de Biden que ponga un fin a la política de separaciones familiares en la frontera sur.

El dilema del bienestar infantil

Cuando Sabraw emitió la orden para detener las separaciones familiares, el juez también incluyó una estipulación adicional la cual sí permite que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional separen a niños de sus padres, si es que estos parecen ser "ineptos" o presentan "una amenaza al niño". En el 2019, la ACLU le pidió a Sabraw que reconsidere esa estipulación, pero el magistrado terminó dándole la razón al gobierno.

Por consecuencia, más de mil 100 niños han sido arrebatados de sus padres por agentes de ICE y la patrulla fronteriza, en ocasiones cuando el padre tenía en su récord una condena menor o hasta si tuvo contacto previo con los agentes de la ley. Gelernte espera que estos casos sean agregados a la demanda colectiva en contra del gobierno de Trump.

"No estamos en favor del tipo de separaciones que han ocurrido durante el gobierno de Trump, las cuales son decididas únicamente por agentes de ICE y la patrulla fronteriza, a veces sin ningún tipo de evidencia alguna para saber si el padre representa un peligro a la seguridad del niño", dijo él.

Defensores de niños migrantes dicen que deben de ser expertos en bienestar infantil quienes decidan si un niño debe de ser separado de sus padres, en lugar de oficiales de inmigracion.

"Si el gobierno intenta tomar a un niño de los brazos de sus padres en el contexto de un proceso judicial de custodia, se requiere que haya un juicio. El padre tiene derecho a un abogado, de la misma manera que lo tiene el niño. Hay expertos de bienestar infantil que están realizando evaluaciones y quizás también expertos de salud mental", dijo Erika Pinheiro, directora de litigio y política en 'Al Otro Lado', una organización que defiende los derechos de familias migrantes. "Nada de esto ocurre cuando la patrulla fronteriza decide separar a una familia".

Una decisión imposible

Pero incluso para las familias que cuentan con protecciones legales por la demanda en contra del gobierno, las repercusiones emocionales de la política de separaciones todavía permanecen, dijo Pinheiro.

Ella cuenta la historia de un hombre guatemalteco quien llegó en el 2018 a los Estados Unidos con su hijo de 7 años para solicitar asilo, y fue entonces cuando estos dos fueron separados. Pese a que el hombre había sido víctima de violencia y discriminación en su país natal, aún no era probable que le dieran asilo, pensó Pinheiro luego de revisar este caso.

"Claramente había sufrido violencia y enfrentaba amenazas, pero estaría complicado clasificar su historia dentro de las categorías que deciden quién es elegible, según la ley estadounidense", dijo ella.

El padre tuvo que tomar la dolorosa decisión de aceptar ser deportado, mientras que su hijo se quedaría en Estados Unidos con una tía. Pinheiro dijo que el hombre a veces no logra hablar con su hijo por semanas y ha sufrido bastante por esta decisión, una que tuvo que tomar aunque nunca quiso.

"Las únicas opciones que tenía eran regresar con su hijo a la situación donde enfrentaba amenazas de muerte o dejarlo en los Estados Unidos y posiblemente nunca verlo de nuevo", dijo ella.

'Una oportunidad segura'

A pesar de las dificultades que se presentan en el futuro, Pinheiro dice tener esperanzas de que Biden siga comprometido con su promesa de reparar los daños.

"Vemos con el gobierno de Biden una oportunidad segura, mucho más de lo que vimos durante la administración de Trump, cuyo Departamento de Justicia estaba en contra de cada paso para reunificar a las familias", dijo ella.

Pinheiro agregó que ella estará pendiente de quienes formarán parte del equipo especial del Presidente electo, y cuánto harán para que estas familias estén juntas de nuevo.

Este artículo fue traducido por el periodista, Carlos Cabrera-Lomelí.